Entre las medidas para paliar los efectos económicos de la crisis desatada por la guerra en Ucrania y el incremento de la inflación desde el pasado verano, el Gobierno estudia congelar de forma temporal la cláusula de actualización de las rentas, incluida en la mayoría de contratos de arrendamiento de viviendas, y que está vinculado al IPC. Este febrero, la inflación se anotó un nuevo récord desde los años 80 del 7,6%, y las previsiones de Funcas para marzo hablan de un nuevo máximo del 8,6%.
El Ejecutivo se reúne con partidos y agentes
sociales para buscar el máximo consenso para acometer una
serie de medidas que rebajen la escalada de precios de la luz, el gas o los
carburantes, que están golpeando directamente al bolsillo de los ciudadanos.
Mientras la inflación sigue en máximos, y parece que seguirá así también en
marzo, el socio minoritario en el Gobierno ha puesto sobre la mesa la
congelación, al menos durante 2022, de la actualización de las rentas del
alquiler, que en la mayoría de contratos de alquiler está vinculado al Índice
de Precios al Consumo (IPC).
Los sindicatos también apoyan esta medida, mientras negocian con la patronal y el Ejecutivo un pacto sobre las rentas. "No parece lógico que si los salarios no suben conforme al IPC sí lo hagan los alquileres".
Otras medidas que ya se
han conocido es la de rebajar el cargo del IVA a productos como los
carburantes, la de un nuevo cheque energético de 300 euros por hogar o
ampliar el bono social para aumentar a los beneficiarios.