Las empresas de desocupación se dedican a facilitar la recuperación de inmuebles ocupados de forma ilegal. Estas compañías ofrecen servicios a propietarios que enfrentan dificultades para desalojar a, por ejemplo, inquilinos morosos.
Sin embargo, el marco legal que regula su actuación es motivo de debate y muchos propietarios no saben si acudir a estas empresas. Por ello, te contamos cómo funcionan las empresas de desocupación y si actúan conforme a la ley.
Las empresas de desocupación, como Desokupa, se dedican a mediar entre propietarios de inmuebles y personas que los ocupan de forma ilegal (okupas, inquiokupas, inquilinos morosos que no se van) utilizando estrategias no violentas para recuperar las propiedades, como el control de accesos y la conciliación. Por tanto, podríamos resumir su funcionamiento en:
Desokupa, una de las empresas más famosas en este ámbito, afirma en su página web que su labor se centra en la recuperación de inmuebles a través de acuerdos con okupas o inquilinos que permanecen en propiedades sin legitimidad.
El proceso que sigue se fundamenta, básicamente, en controlar el acceso al inmueble ocupado. Esto es, impedir que los ocupantes vuelvan una vez que han salido de él, facilitando que el propietario recupere su vivienda sin la necesidad de recurrir a procedimientos judiciales extensos.
En muchos casos, la mediación consiste en llegar a acuerdos económicos con los ocupantes para que desalojen voluntariamente la vivienda. Por ejemplo, si una empresa de desocupación cobra 3.000 euros, se les ofrece a los okupas 1.500 si se van.
Aunque su actividad se encuentra en una zona ambigua desde el punto de vista legal, Desokupa, por ejemplo, asegura que sus métodos se ajustan a la ley, respaldándose en un equipo de abogados que verifica que sus acciones no violen ninguna normativa.
Algunos apuntan a que, jurídicamente, recurrir a estas empresas es arriesgado, porque en la práctica se les entrega el control de la titularidad de la vivienda a una entidad que no tiene la condición de autoridad ni de funcionario. De hecho, varios jueces han cuestionado esta forma de proceder. Sin embargo, su efectividad es evidente, ya que pueden desalojar okupas en cuestión de semanas mientras si se sigue la ley el proceso puede durar hasta dos años.
Por otro lado, debido a la falta de una jurisprudencia clara y uniforme, estas empresas corren el riesgo de incurrir en un delito leve de coacciones, lo que podría acarrear una pena de multa. Sus servicios operan en un terreno que podría calificarse como "en el límite de la legalidad".
Esto es algo que fue reconocido en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid n.º 222/2022, de 5 de mayo, que declaró a una empresa de desokupación culpable de un delito leve de coacciones.
Sin embargo, es posible que las empresas dedicadas a la desocupación de viviendas ya tengan contemplada esta posibilidad y la incluyan en sus propios honorarios.
El precio medio de contratar a una empresa de desocupación se mueve alrededor de los 3.000 euros, aunque puede variar según el caso. Por otro lado, el precio medio de un desahucio exprés contra okupas se mueve en torno a los 850 euros, teniendo en cuenta los honorarios del abogado, el procurador y el cerrajero.
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